Se cumplen once años de la concesión a la muralla de Lugo de la acreditación como Patrimonio Mundial, un simbólico título que pretende justo lo contrario de su original cometido, impedir el acceso de extraños a la ciudad. Y es que la declaración de la Unesco se antojaba como el mejor reclamo para impulsar la llegada masiva de turistas, algo que después de una década apenas se ha notado en la estadística de pernoctaciones, ya que la muralla por sí solo no basta para enganchar durante unos días al típico turista, que con una vuelta por su adarve da por satisfecha su curiosidad.
Pero al menos a lo que ha contribuido el reconocimiento mundial es a aumentar la autoestima del lucense, que hoy en día puede presumir dentro y fuera de Lugo de vivir en una ciudad situada en el mapa de los lugares que merece la pena ver una vez en la vida.
Por mucho que intenten convencernos nuestros políticos, está claro que la muralla no va a ser ningún reactivo milagroso para una actividad económica limitada como la nuestra, ya que hay cientos de legados históricos repartidos por el mundo a los que viajeros y turoperadores darán antes prioridad. Otra cosa es que algún día nos decidiésemos a levantar todas esas joyas escondidas en el subsuelo de Lucus Augusti y que nos apresuramos a tapar cada vez que se descubren, quizá porque el espíritu de amurallarnos frente al invasor va en el ADN del lucense.

La decisión de sus pobladores por conservar el patrimonio tuvo mucho que ver para que Lugo mantenga hoy casi intacta su muralla romana. El desarrollismo iniciado en el primer cuarto del siglo pasado llegó a poner en riesgo el baluarte y acabó por crear nuevas murallas de cemento. Aun así, las voces que se alzaron en contra de los ataques a la riqueza monumental y paisajística han ido creciendo, haciendo ver a políticos y empresarios que el crecimiento urbanístico no tiene por qué acabar con la historia.

El último ejemplo de movilización vecinal en defensa del patrimonio acaba de lograr un pequeño gran triunfo. Una plataforma de afectados por la urbanización de las cuestas del parque Rosalía, apoyada por ciudadanos que creen una agresión que se levanten edificios en el espacio verde más emblemático de Lugo, acaba de recibir el espaldarazo de un juzgado al anular el proyecto. El fallo saca los colores a quienes en su día permitieron la obra y a los que no lograron negociar con los propietarios una permuta de terrenos. A la vez, genera un problema legal que puede costar mucho dinero al contribuyente. La vía judicial sólo acaba de empezar, pues el Concello prevé recurrir. Las cuestas del parque enseñan desde hace meses su herida, veremos si hay interés por curarla.