A cidade de Lugo leva meses axitada polos sumarios abertos por varios xulgados que provocaron a detención ou levaron a declarar ao xulgado autoridades políticas, funcionarios de Policía Local ou axentes da Garda Civil. As operacións xudiciais tamén implicaron o rexistro de dependencias ata agora inviolables, como o cuartel da Garda Civil, a comisaría, a delegación de Tráfico ou unha sede da Deputación, ademais do concello de Castro de Rei. E aínda que o efecto sorpresa xa perdeu enteiros a estas alturas, a rumoroloxía comeza a facer das súas e os xornalistas xa reciben avisos falsos de rexistros no Concello de Lugo ou na Subdelegación do Goberno. Iso si, logo de tanto tirar da manta, o cidadán medio xa non sabe se a tal político ou cal funcionario o detiveron por corrupción urbanística, por colocar a muller nunha praza pública ou por quitarlle unha multa ao dono dun puticlú. Porque a cerimonia da confusión é o efecto secundario que toda operación de limpeza desde calado provoca, aínda que como recoñecen a maioría de políticos, axentes da orde ou cidadáns en xeral, xa tocaba para pór algo de orde.
O problema é que a imaxe do sector público vai ser a gran prexudicada e, como din por Lugo, esa non a lava nin toda a auga do Miño.

No se lo van a creen, pero incluso mi madre a veces me habla en clave por teléfono porque piensa que los periodistas tenemos pinchado el teléfono. Pero seguramente no somos los únicos damnificados por la oleada de escuchas judiciales que están trascendiendo y por las que, al parecer, el alcalde de Castro de Rei y tres de sus concejales han tenido que pasar la noche en los calabozos de la comisaría lucense. Lo cierto es que decenas de agentes de la Policía Nacional de todo el país se ven obligados a cumplir mandatos judiciales que los convierten casi en una especie de cotillas que escuchan por detrás de las puertas, aunque es cierto que esa labor conduce en muchas ocasiones a la resolución de delitos graves. Claro que también a veces hay sorpresas y lo que en principio podría ser una investigación antidroga acaba derivando en un caso de presunta prevaricación y cohecho por retirada de multas de tráfico, como ocurrió recientemente en la capital lucense. Ahora parece que esta cadena sin fin de escuchas es la que ha llevado a la jueza a descubrir que pudo haber irregularidades en la adjudicación de obras en Castro de Rei y a ordenar una operación policial sin precedentes en este modesto municipio chairego.
Entre tanto, los políticos, al igual que cualquier confidente de los periodistas, comienzan a tomar medidas a la hora de contar cosas por teléfono que puedan ser utilizadas en su contra y apelan a los encuentros privados para hablar sin ser escuchados por terceras personas. Y es que hoy en día, dicen, cualquiera puede adquirir un aparato capaz de rastrear señales de teléfonos celulares y realizar escuchas ilegales. La psicosis corre el riesgo de ir a más, aunque de momento algunos periodistas tienen que buscarse la vida para conseguir información de la denominada confidencial.

BARREIRO CONTRA BARREIRO
El título de la biografía del ex vicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro Rivas escrita por José de Cora viene al pelo para definir el congreso que los populares lucenses celebran hoy. El otro Barreiro, José Manuel, es el único candidato a renovar el cargo de presidente y para muchos militantes es el indiscutible líder. Eso sí, también hay otros que preferirían una renovación e incluso hubo quien especuló con la posibilidad de que la delegada de la Xunta, Raquel Arias, pudiese encabezar una lista alternativa. La opción de la ex alcaldesa de Sober como líder del PP de Lugo no hay que descartarla para el futuro, sobre todo porque cuenta con todo el apoyo del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pero a día de hoy parece que quien tiene el mando en la provincia es Barreiro. Eso sí, el control absoluto tampoco lo tiene, como evidencia lo ocurrido en Chantada.