Nunca tan pocos pudieron hacer tanto daño. Con este epitafio podrían ser enterrados los dos mil y pico controladores aéreos que el Gobierno estuvo a punto de fusilar al amanecer, jaleado por los medios de comunicación y aplaudido por miles de viajeros tirados en aeropuertos y hasta por aquellos que en su vida no se subieron a un avión. Y vaya por delante que no me inspiran lástima unos trabajadores que, pese a haber llegado a cobrar de media 600.000 euros al año, tuvieron que ser obligados a punta de mosquetón a acudir a sus puestos, pero tampoco creo que sea propio de un país civilizado someter a linchamiento y sin posibilidad de réplica o arrepentimiento a un colectivo por hacer una huelga encubierta, algo que en Espana hacen obligatoriamente a diario cuatro millones y medio de personas y el resto ni se inmuta. Además, si los controladores llegaron a tener los privilegios que se les imputan es porque alguien se los ha ido concediendo con los años, ya fuesen ministros o directores de Aena, y quitar de un plumazo ese caramelo nunca sale gratis. El problema es que éste es un país sin tradición negociadora, donde si alguien no cede se acaba llamando a los vehículos blindados para poner orden, pero sin calibrar el riesgo para las libertades que suponen las medidas excepcionales.