Quita es una palabra tan envenenada que el mero hecho de pronunciarla ya induce a la enmienda. Y eso es precisamente lo que acaban de hacer las autoridades chipriotas, que tras anunciar que le iban a dar un bocado a los ahorros de sus ciudadanos para pagar la factura de la fiesta bancaria, se dieron un tiempo para repensarlo.
La indignación de la ciudadanía fue la previsible y necesaria, y es la misma que aquí vemos cada vez que se manifiestan los afectados por las preferentes, a quienes también se les ofrece un vergonzoso hachazo a su inversión a cambio de recibir dinero contante y sonante.
Pero también tenemos a diario ejemplos de quitas salariales, de servicios hasta ahora gratuitos o  de derechos laborales adquiridos a lo largo de varias generaciones, aunque la única quita que parece que no acaba de consumarse, por mucho que se esté debatiendo sobre ello, es la de políticos, quizá porque también han visto el peligro que supone destapar esa caja de los truenos.
Cigarras y hormigas son por tanto víctimas de una política de quitas lanzada por esa siniestra troika que forman BCE, Eurogrupo y FMI, y que parece que lo único que busca es infundir miedo en una ciudadanía cuya paciencia parece estar tocando fondo. Ante sus continuas acometidas y las de sus subordinados, quizá toca aplicar aquel consejo de James Bond: «Que no te vean sangrar».

Desde que la fiesta terminó no paran de saltar noticias sobre cómo se embolsaban sobresueldos los listos de la clase a cuenta del descontrol que sobre el dinero público o el de algunas entidades financieras hubo en los años de bonanza. La última polémica llega tras salir a la luz que la presidenta navarra, Yolanda Barcina, cobró 68.000 euros en dietas por asistir a reuniones del consejo de administración de Caja Navarra, una de las entidades rescatadas por la mala gestión de sus directivos y a quienes los consejeros no cuestionaron. Aunque las cifras eran públicas, durante años pasaron desapercibidas, pero ahora resuenan en los oídos de un país escaldado y por eso Barcina y otros políticos navarros han tenido que anunciar que devolverían esos escandalosos emolumentos.
Los consejos de las cajas gallegas aportaron también durante años suculentos pluses a alcaldes y políticos hasta que la nacionalización de Novacaixagalicia obligó a recortar 400.000 euros a los consejeros agraciados. El cargo dejó entonces de ser un chollo y algunos lo abandonaron tras reconocer que ni sabían que los ejecutivos habían cambiado sus contratos para incluir indemnizaciones millonarias. Ahora la Justicia determinará si esos banqueros deben devolver sus finiquitos, aunque será más difícil ver a esos consejeros bien remunerados seguir el ejemplo de la presidenta navarra.